La crisis sanitaria que se está viviendo en las urgencias de la Comunidad de Madrid no es algo caído del cielo. Es el producto de años de privatizaciones, deterioro de los centros públicos y desviación del dinero de nuestros impuestos hacia todo tipo de empresas (fondos de inversión, constructoras, bancos…).
En la pandemia se aprovechó para privatizar aún mas, aparte de cerrar los casi 40 centros de urgencias que atendían a las zonas urbanas (SUAP), manteniendo solo abiertos los 40 centros rurales (SAR). Mientras se derrochaba dinero a espuertas en el IFEMA y el Zendal entre otras cosas. Con los SUAP cerrados casi 3 años, apenas ha habido contestación en la calle, aunque si han crecido los seguros privados desbocadamente.
¿Como hemos llegado hasta aquí? Tenemos que recordar que en 2004 se inició el proceso de privatización en Madrid, que ha permitido que a día de hoy, 12 hospitales privados parasiten los presupuestos públicos cual sanguijuelas, de forma que más de la mitad, unos 4.500 millones € acaban todos los años en manos de empresas privadas gracias a las leyes de ámbito estatal 15/97 y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, leyes que el tándem PSOE-Unidas Podemos aun no ha tenido tiempo de derogar en esta legislatura. De esta forma hemos llegado a la situación actual, donde la Administración ha demostrado ser incapaz de dotar de personal médico a 40 centros de urgencias (unos 200 médicos), menos de 12 millones de € anuales en un presupuesto sanitario de más de 8.500 millones de €. O quizás eso es lo que persigan, deteriorar aún mas la atención para empujar a mas sectores hacia los seguros privados.
La propuesta de la Administración de cubrir los 80 centros con la plantilla de 40 estaba abocada al fracaso desde el inicio. Pese a contar con el aval de los mismos sindicatos que llevan décadas firmando todo lo que les echen a cambio de participación en el control de las bolsas de contratación, liberados, etc., no contaban con que para los profesionales de los SAR es imposible asumir esas condiciones de trabajo (y esos riesgos). De ahí que, las renuncias, las bajas y las huidas a otros escenarios con menor explotación laboral hayan sido la respuesta en un escenario en el que las huelgas son imposibles (100 por 100 de servicios mínimos). Ahora la Comunidad de Madrid plantea abrir parte de esos centros con atención medica a través de videoconferencia, lo cual no deja de ser un despropósito en un servicio de urgencias, en el que el paciente precisa en muchas ocasiones una exploración física.
No no engañemos, el caos actual está siendo atizado por todos los políticos, independientemente del color. El sistema sanitario hace aguas desde hace años en todo el Estado y tras la pandemia ha empeorado con el consenso de todos los partidos. En abril de 2020 el Presidente del Gobierno compareció y nos anunció que dada la situación “probablemente habría que blindar la sanidad en la Constitución”. En junio de 2020, PSOE, PP y Unidas Podemos aprobaron el ‘Acuerdo de Reconstrucción de la Sanidad’. Hoy, casi tres años después, podemos comprobar la situación. En un contexto de crisis energética, ecológica y social, los “servicios públicos” están siendo reducidos. Al Estado ya no le interesa mantenerlos. El reto es luchar para que no acaben de privatizarlos y desmantelarlos, pero también comenzar a plantear posibles alternativas, autogestionadas y organizadas desde la base que permitan garantizar las necesidades básicas de la población. La historia del movimiento obrero nos enseña que hace un siglo fue posible.
Desde la sección sindical del ramo de Sanidad y Servicios Sociales de CNT MADRID hacemos un hacemos un llamamiento para asistir a la manifestación convocada para este domingo 13 de noviembre por las Vecinas y Vecinos de los barrios y pueblos de Madrid con un mensaje crítico a las verdaderas causas del desmantelamiento de la sanidad pública. Os esperamos.
Sección de ramo de Sanidad y Servicios Sociales de CNT Madrid.